lunes, 18 de septiembre de 2017

Gramsci y el análisis del Estado: el origen del concepto de hegemonía


Introducción

Recientemente Alberto Garzón advertía en un artículo que «la lectura que hacemos sobre la clase social y el Estado condiciona absolutamente la práctica política de los partidos socialistas»[1]. A continuación se lamentaba de la ausencia teórica de Marx sobre los conceptos de clase social y Estado, destacando la diversidad táctica de éste según el contexto. Hace casi un siglo Gramsci describió al alemán como un «maestro de vida espiritual y moral, no un pastor con báculo»[2] y lo destacó como un «escritor de obras históricas y políticas concretas»[3]. Hoy deberíamos hacer la misma advertencia con el propio Gramsci, cuya obra se nos presenta como universal, hecho que podría interpretarse como una especie de halago pero que en realidad resta capacidad transformadora a la obra de un político intelectual eminentemente nacional y militante.

El análisis del Estado y de los bloques dominantes de procesos históricos como el llamado Risorgimento ocupan un lugar central en la obra gramsciana. Este análisis fue el gran ausente en las reinterpretaciones socialdemócratas del concepto de hegemonía en los años setenta y siguió siendo el gran ausente en las nuevas lecturas laclausianas. En ambas reinterpretaciones se perdía de vista el análisis –de clase– gramsciano del Estado y la estrategia de la hegemonía se reducía a la lucha por el consenso en el ámbito de la sociedad civil, con el objetivo de aumentar la participación y la influencia institucional-parlamentaria. Se obviaba un análisis central del marxismo, se redecía el Estado a «una cosa» que «se toma» o directamente se asumía su neutralidad, sin caer en la cuenta de que dicha neutralidad era precisamente una construcción ideológica. Antoni Domenech puso de relieve las limitaciones de esta simplificación del Estado y de su relación con la sociedad civil pues, entre otras cosas, olvida un detalle: «Gramsci ha escrito sus notas encarcelado por un Estado fascista de excepción»[4].

A día de hoy, el análisis del Estado sigue siendo crucial y de él, o de su ausencia, depende en buena medida el éxito o el fracaso de nuestra acción política.

El origen del concepto de hegemonía

Situamos el origen del concepto de hegemonía en Lenin, que «hallamos en su polémica con los populistas (“narodniki”) a propósito del desarrollo del capitalismo en Rusia»[5], si bien se trata de un concepto todavía incipiente, limitado e insuficiente para ir más allá de las alianzas de clases. A pesar de que se asocia el marxismo oriental con la coerción y un análisis más tosco de las cuestiones sobreestructurales –asociación que no es completamente errónea–, el propio Lenin entendió en 1919, en un contexto de guerra civil, que «no es sólo la violencia, ni sobre todo la violencia lo que constituye el fondo de la dictadura del proletariado. Su carácter principal reside en el espíritu de organización y de disciplina del proletariado, destacamento de vanguardia, único dirigente de los trabajadores»[6]. En 1923 acabaría señalando que la construcción del socialismo no consistía únicamente en la organización de la población en cooperativas y en el establecimiento de una economía colectiva, ya que sería insuficiente si no acompaña una «verdadera revolución cultural»[7]. Gramsci atribuye a Lenin la revalorización del frente cultural en oposición a las tendencias economicistas y «la construcción de la doctrina de la hegemonía como complemento de la teoría del Estado-fuerza como forma actual de la doctrina de la “revolución permanente”»[8]. Por todo ello, podemos afirmar con Luciano Gruppi que «Gramsci no ha introducido pues ninguna ruptura en relación a Lenin, pero enriquece su análisis subrayando otros aspectos. (…) Encontraremos de nuevo este mismo esfuerzo a propósito de la noción de Estado»[9]

Gramsci profundiza en la afirmación marxista según la cual los hombres toman conciencia de los conflictos fundamentales en el terreno de las ideologías. Amplía la definición de ideología, que pasaría de ser «falsa conciencia» y un mero artificio a una concepción del mundo. Definió como «infantilismo primitivo» el intento de «presentar y exponer toda fluctuación de la política y de la ideología como expresión inmediata de la estructura»[10]. Según esta visión reduccionista, la estructura determinaría la ideología de la misma forma que un cuerpo determina su sombra. Si así fuera, ¿cómo se explicaría que quienes compartían una misma posición respecto a los medios de producción y por tanto unos mismos «intereses objetivos» no se sumaran a la revolución y que, en muchos casos, la combatieran? Detrás de este reduccionismo se esconde la infravaloración de «lo subjetivo», de la ideología, de la cultura y de la política en su sentido más amplio. Por todo ello, la noción de hegemonía «exige el abandono del materialismo mecanicista y la revalorización determinante del sujeto revolucionario, de su iniciativa, del momento de la constancia»[11].

Esta reflexión crítica contra el reduccionismo, escrita en 1916, representa el origen de la idea central del concepto de hegemonía en Gramsci:

«El hombre es sobre todo espíritu, o sea, creación histórica, y no naturaleza. De otro modo no se explicaría por qué, habiendo habido siempre explotados y explotadores, creadores de riqueza y egoístas consumidores de ella, no se ha realizado todavía el socialismo. La razón es que sólo paulatinamente, estrato por estrato, ha conseguido la humanidad consciencia de su valor y se ha conquistado el derecho a vivir con independencia de los esquemas y de los derechos de minorías que se afirmaron antes históricamente. Y esa consciencia no se ha formado bajo el brutal estímulo de las necesidades fisiológicas, sino por la reflexión inteligente de algunos, primero, y, luego, de toda una clase sobre las razones de ciertos hechos y sobre los medios mejores para convertirlos, de ocasión que eran de vasallaje, en signo de rebelión y de reconstrucción social. Eso quiere decir que toda revolución ha sido precedida por un intenso trabajo de crítica, de penetración cultural, de permeación de ideas a través de agregados humanos al principio refractarios y sólo atentos a resolver día a día, hora por hora, y para ellos mismos su problema económico y político sin vínculos de solidaridad con los demás que se encontraban en las mismas condiciones»[12].
¿Por qué, habiendo explotados y explotadores, no se ha realizado todavía el socialismo? Una reflexión que acabó tomando tintes dramáticos después de la oleada de derrotas que sufrió el movimiento obrero tan sólo unos años más tarde.

Gramsci pronto se da cuenta de que la estrategia bolchevique basada en el choque frontal o en la guerra de maniobras no se podría exportar a Occidente al tratarse de sociedades más desarrolladas con un Estado en los cuales

«la “sociedad civil” se ha convertido en una estructura muy compleja y resistente a los asaltos catastróficos del elemento económico inmediato (crisis, depresiones, etc.): las superestructuras de la sociedad civil son como el sistema de trincheras de la guerra moderna»[13].
El desarrollo del concepto de Estado

En Oriente, detrás del Estado, entendido únicamente como el conjunto de aparatos institucionales y represivos, no había nada, si acaso una sociedad «gelatinosa». Sin embargo, en Occidente «el Estado era sólo una trinchera avanzada, detrás de la cual se encontraba una robusta cadena de fortalezas y fortines»[14]. Gramsci actualiza la definición leninista del Estado, sin desprenderse de su carácter de clase[15], para ampliarla a la suma de la sociedad política y la sociedad civil, sintetizada en la expresión «hegemonía acorazada de coerción»[16].

La sociedad política agrupa el conjunto de actividades encargadas de la coerción y de la represión con el objetivo de mantener el poder establecido y aplastar cualquier conato de rebelión. Sin embargo, estas actividades coercitivas no tienen por qué ser necesariamente de carácter militar o paramilitar, también abarcan el ámbito jurídico: la coacción legal ejercida contra huelguistas en momentos de excepción aunque no necesariamente, por ejemplo. Gramsci rescata la metáfora del centauro maquiavélico con doble personalidad[17] para explicar el carácter dual del Estado y de la hegemonía: en este caso, la sociedad política estaría relacionada con la parte animal, con la fuerza y con la coerción.

Por otra parte, la sociedad civil es el espacio en el que se pugna por el consenso, por el sentido común, y en el que se reviste al Estado de un contenido ético-cultural. En ella actúan organismos e instituciones que refuerzan la hegemonía del grupo dominante. Gramsci atribuye a la Iglesia un papel crucial ya que detrás de su propaganda ideológica hay toda una organización social con distintos canales de difusión. Por otra parte estarían el aparato escolar, los periódicos “independientes” que actúan como verdaderos partidos, los medios de comunicación social y las organizaciones culturales. También los sindicatos y los partidos. En definitiva, la sociedad civil es el conjunto de fortalezas mediante las cuales el grupo dominante legitima su acción política-económica. Debido a esta complejidad que presentan las sociedades desarrolladas, en casos de crisis económica la política «va con retraso sobre la economía»[18] y no necesariamente en una dirección democrática.

Este análisis dual del Estado como la suma de la sociedad política y la sociedad civil tiene algunas limitaciones. Ambas sociedades se relacionan de manera dialéctica y no son compartimentos estancos: en la sociedad política también aparece coerción legal y en la sociedad civil también se dan formas terribles de dominio, por ejemplo a través de condiciones laborales de esclavitud. Del mismo modo, un partido político puede pertenecer al mismo tiempo a la sociedad política y a la sociedad civil. Como afirma Hughes Portelli, «la distinción entre sociedad civil y sociedad política no es orgánicamente completa ya que la clase dominante, en el ejercicio de su hegemonía, utiliza y combina una y otra»[19]. La definición del paso del socialismo al comunismo que Gramsci identifica como «sociedad regulada» sigue originando algunos equívocos. Ésta no consistiría en la absorción del Estado por parte de la sociedad civil, que como acabamos de ver también forma parte del Estado, sino en la absorción de la sociedad política por la sociedad civil, que acabaría reduciendo «gradualmente sus intervenciones autoritarias y coactivas»[20]. Conforme disminuyan los antagonismos de clase, disminuiría la necesidad de dominación.

Conclusiones

La grandeza del concepto de hegemonía radica en que su definición “enciclopédica”, extraída y descontextualizada de la obra gramsciana, no tiene un valor especialmente relevante. Sin el análisis del Estado, del capitalismo avanzado y del contexto en el que fue desarrollado, siempre desde un marxismo original, pierde profundidad y una parte importante de su vocación emancipadora. En ningún momento hemos intentando resumir el concepto de hegemonía, tan sólo hemos intentado acercarnos a otros conceptos como el de Estado que, por un lado, resulta imprescindible para hacer un análisis lo suficientemente amplio y, por otro, impide que el concepto de hegemonía se desligue de su amarre socioeconómico.

El análisis del Estado sigue determinando la estrategia. Si el Estado es un conjunto de aparatos e instituciones que se «toman», tiene sentido centrarse en dicha toma política-institucional con independencia de sus formas: por «asalto» o electoralmente. Si por el contrario el Estado es la suma de esa «sociedad política» con la sociedad civil, la estrategia será otra. ¿De qué serviría tener los aparatos gubernamentales sin conquistar la hegemonía en la sociedad civil? La tragedia griega puede servir de ejemplo. Si la política es principalmente una lucha permanente por la hegemonía, la acción política no puede estar dirigida de manera exclusiva hacia las instituciones (que, como altavoz, forman parte de la sociedad civil); del mismo modo, si la política es una lucha permanente por la hegemonía, las organizaciones políticas no pueden ser –principalmente– sus entramados jurídico-administrativos, sino piezas del bloque social del que forma parte y aspira a dirigir.





[1] Garzón, Alberto. (2017). ‘El Capital’ habla del capitalismo hoy. http://blogs.publico.es/economia-para-pobres/2017/09/14/el-capital-habla-del-capitalismo-de-hoy/
[2] Gramsci, Antonio. (2017). Escritos (Antología). Madrid: Alianza Editorial, p. 70.
[3] Ibid, p. 198.
[4] Domenech, Antoni. (1977). De la vigencia de Gramsci: esbozo para la controversia. En VVAA. (1977). Gramsci hoy. Barcelona: Materiales, S. A. de Estudios y Publicaciones, pp. 65-66.
[5] Rodríguez-Aguilera, Cesáreo. (1985). Gramsci y la vía nacional al socialismo. Madrid: Akal, p. 78.
[6] Luciano, Gruppi. (1981). El concepto de hegemonía en Antonio Gramsci. En VVAA., Revolución y democracia en Gramsci. Barcelona: Fontamara, p. 48.
[7] Frosini, Fabio. (2013). Hacia una teoría de la hegemonía. En Modenisi, Massimo (coord.), Horizontes gramscianos. Estudios en torno al pensamiento de Antonio Gramsci. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, p. 76.
[8] Ibid., pp. 74-75.
[9] Luciano, Gruppi. (1981). El concepto de hegemonía en Antonio Gramsci. En VVAA., Revolución y democracia en Gramsci. Barcelona: Fontamara, p. 48.
[10] Gramsci, Antonio. (2017). Escritos (Antología). Madrid: Alianza Editorial, p. 198.
[11] Luciano, Gruppi. (1981). El concepto de hegemonía en Antonio Gramsci. En VVAA., Revolución y democracia en Gramsci. Barcelona: Fontamara, p. 51.
[12] Gramsci, Antonio. (2017). Escritos (Antología). Madrid: Alianza Editorial, pp. 39-40.
[13] Ibid., pp. 241-242.
[14] Ibid., pp. 245-246.
[15] Portelli, Hughes. (1987). Gramsci y el bloque histórico. México: Siglo XXI Editores, p. 69.
[16] Gramsci, Antonio. (2017). Escritos (Antología). Madrid: Alianza Editorial, p. 253.
[17] Ibid., p. 124.
[18] Fernández Buey, Francisco. (2001). Leyendo a Gramsci. Barcelona: El Viejo Topo, p. 117.
[19] Portelli, Hughes. (1987). Gramsci y el bloque histórico. México: Siglo XXI Editores, p. 32.
[20] Gramsci, Antonio. (2017). Escritos (Antología). Madrid: Alianza Editorial, p. 254.

sábado, 12 de agosto de 2017

La ideología de la felicidad y el mito del emprendedor


Gramsci desarrolla el concepto marxista de ideología para ampliarla a un conjunto de valores, a una visión del mundo, dialéctica, contradictoria y compleja. Es en la sociedad civil donde nos impregnamos de ella a través de un permanente proceso de socialización, en el trabajo, en la escuela, en el cine, en el bar. Por mucho que nos consuele pensarlo, no somos «librepensadores» independientes y ajenos a lo que nos rodea, incluido lo que no vemos. Como escribió Terry Eagleton, «la ideología es como el mal aliento: lo notamos solo en los demás».

Se nos ha repetido hasta la saciedad, aun reconociendo sus fallos, que vivimos en el mejor de los sistemas posibles. Se nos ha sometido a la peor de las censuras, esto es, a la ocultación de otras alternativas cuando no se han demonizado. Hemos comprado el relato que otorga legitimidad a un sistema que no funciona. El relato del ascenso social según el cual la mejora de nuestras condiciones de vida depende única y exclusivamente de nosotros. Nuestra posición social es un reflejo de nuestro talento y de nuestro trabajo. Si realmente valemos y nos lo curramos, triunfaremos. Lo tenemos en nuestra mano. Es cosa nuestra. Pero esto significa que si fracasamos, también es nuestra culpa. Somos unos perdedores. Unos inadaptados. Así, hemos interiorizado un discurso profundamente ideológico y funcional a quienes mandan, asumiendo acríticamente una realidad material que nos ha sido impuesta. Al asumirla individualmente negamos nuestra capacidad para cambiarla –colectivamente– al tiempo que blanqueamos un sistema tan injusto como ineficaz y lo convertimos en un sistema de igualdad de oportunidades en el que el éxito está al alcance de cualquiera.

Pocas películas reflejan de manera tan fidedigna este «sueño americano» como la famosa En busca de la felicidad (2006) de Gabriele Muccino. En ella descendemos hasta los infiernos del sistema. Vemos cómo en un mundo en el que se han mercantilizado todos los espacios, las condiciones económicas y materiales influyen hasta en nuestras relaciones. A algo parecido se refería Javier Egea cuando afirmaba que el amor era imposible en un sistema imposible. La libertad es un ensueño si no están cubiertas todas las necesidades económicas y materiales que posibiliten nuestro total desarrollo como personas. Ahí reside una de las paradojas del capitalismo: la escasez de recursos económicos y materiales no va acompañada de una visión de vida más austera en sentido berlingueriano, al contrario: el tiempo de ocio se ha convertido en tiempo de negocio tal y como la jornada laboral, ya que no existe un ocio que escape a la lógica de la mercantilización, esto es, al consumo. Los multimillonarios insatisfechos con gustos extravagantes a lo American Psycho (Mary Harron, 2000) son el resultado de ese consumismo sin fin.

Una vez bien adentro del infierno, vemos la realidad que colapsa los comedores sociales, a los que se ven abocados no solo vagabundos o lúmpenes, también «trabajadores pobres», es decir, gente con trabajo pero que aun así no llega a fin de mes. Hasta aquí podría tratarse de una película progresista, en el sentido de que muestra una realidad que se tiende a obviar, pero este descenso a los infiernos no se hace sino para darle más fuerza a la idea central del film: a pesar de tocar fondo, si te lo curras y crees en tus sueños, triunfarás. Al descender tan abajo, lo que hace es ampliar las posibilidades de ascenso. El final de la película es tan descarado que en el fondo se podría considerar como una autocrítica: has logrado salir de la miseria, bien, y has encontrado un trabajo de bróker que genera más miseria, vale, ¿pero qué pasa con esos cientos, miles, millones de personas que hasta hace dos días eran compañeros de comedor social? Una vez visto el infierno, ¿se puede ser feliz comprándote un coche por el que babearán infelices con una vida insatisfecha? La parábola de la película es obvia: no te quejes, no te organices, estudia debajo del puente, si de verdad te lo curras triunfarás, aunque en realidad sea gracias al azar, a un capricho del jefe, a que dejes un reguero de cadáveres por el camino o a una mezcla de todos esos factores.

Desde hace unos años el mercado laboral tiene una nueva estrella: el emprendedor. Partiendo del relato del «sueño americano», el emprendedor incorpora unos matices de cursilería basados en el «coaching» y en el pensamiento positivo. Toda una realidad socioeconómica impuesta se reduciría a ver el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío. Es una cuestión de actitud. Las redes sociales se han llenado de lemas sobre la superación que podrían estar sacados de libros de autoayuda para adolescentes con problemas, los cuales copan todas las librerías y se cuelan en la sección de los más vendidos. En un contexto de desesperación absoluta, te prometen al menos unos minutos de esperanza mientras te explican cómo ser feliz o millonario. Como la droga, produce un efecto narcotizante: por un momento puedes «alienarte» y escapar de la realidad hacia un mundo mucho menos cruel. ¡Y es legal!

La estafa de la autoayuda planea desde un principio sobre el mito del emprendedor: buscar soluciones individuales a problemas colectivos. Donde personas «tóxicas» ven emigración forzada, tú debes ver movilidad exterior y una oportunidad para desenvolverte con más soltura en el extranjero. De lo que se trata es que, una vez asumido que el empleo estable no volverá, nos preparemos para ser autoexplotados y asumamos con normalidad unas condiciones de semiesclavitud. En palabras de Foucault, el individuo se convierte en «un empresario de sí mismo». Ya no se trata de hacer un trabajo mecánico como apretar tuercas, ahora hay que pensar e innovar, de ahí la importancia de la motivación. Es la falacia del autónomo que, aun trabajando doce horas al día –la mayoría del tiempo para un banco–, se cree empresario y se posiciona de parte de los de arriba. La mayoría de grandes empresas externalizan o subcontratan determinados servicios a autónomos, ya que así les salen más rentables al encontrarse éstos desprotegidos: ya no contratan a un trabajador, contratan un servicio; no contratan a un trabajador, contratan a un colaborador. Es una supuesta relación entre iguales. ¡Vamos todos en el mismo barco!

En el fondo: la «democratización» de la figura del empresario y la ilusión de que todos podemos llegar a serlo. Se trata de una sofisticación edulcorada del relato del ascenso social: ¡puedes llegar a ser tu propio jefe! Pero antes, para llegar a esa conclusión hay que desdibujar la realidad y los límites de lo legítimo y lo ilegítimo, convirtiendo lo inaceptable en un desafío a superar para alcanzar el éxito que, insistimos, depende de nuestro talento natural y de nuestro trabajo. George Clooney sintetiza en Up in the air (Jason Reitman, 2009) de manera cínica ese desafío que representa un despido: «Todo el que ha construido un imperio ha pasado por esto». Cada trabajador despedido no solo no debería protestar sino que debería estar agradecido por el «baño de realidad». De nuestra disposición para entender y asumir esto depende nuestra «empleabilidad», que resumidamente sería nuestra capacidad para tragar con lo que nos echen: decir sí a todo y obedecer sin rechistar. Una actitud que habría convertido a Espartaco en una persona tóxica. La tercera temporada de Black Mirror (Charlie Brooker, 2016) irrumpió con un capítulo, Caída en picado, que no dejó indiferente a nadie. En un mundo dominado por la apariencia, el acceso a los servicios sociales depende de la reputación social, que es el resultado de la competencia diaria por ver quién sonríe más.

Sin embargo, siempre que haya un desajuste entre esencia y apariencia, hay que recurrir a la economía como nivel esencial. El discurso del ascenso social, con la nueva figura del emprendedor como estrella, no es más que una «ideología de la felicidad», esto es, una «falsa conciencia», que no se corresponde con la realidad económica y material. Las posibilidades de cursar estudios superiores varían según las condiciones económicas de cada hogar. También las posibilidades de ascender socialmente. Incluso nuestra esperanza de vida. En un mercado laboral hecho añicos en el que la vía más usada para encontrar trabajo es «el enchufe» a través de familiares o amigos, las capacidades individuales no son tan decisivas como nos quieren hacer creer. En el caso de que estuviéramos ante uno de los «privilegiados» que logra triunfar gracias a un ingenio o a una capacidad extraordinaria, habría que advertirle de que el éxito no sería exclusivamente de él. ¿O acaso podría triunfar del mismo modo en todos los países del mundo? No, solo en aquellos en los que se den unas condiciones propicias que lo permitan. Esas condiciones son generadas por el trabajo –y los impuestos– de los demás. No solo los servicios sociales más básicos como las escuelas o los hospitales están pagados con el dinero de todos –especialmente de las mayorías sociales–, también las carreteras por las que se mueven quienes quieren liquidar el Estado de bienestar.

El capitalismo posfordista aparte de introducir cambios en la vida económica de la clase trabajadora como vimos anteriormente, modificó su sentido común hacia uno más competitivo e individualista. No solo se culpabiliza al pobre de su pobreza. Quien no encuentra trabajo es un flojo, el que lo encuentra un pelota, el que cobra poco un pringado que tira los salarios a la baja y el que cobra bien un privilegiado. Es la guerra del penúltimo contra el último, una constante lucha entre los de abajo que divierte y facilita el trabajo a los de arriba.

martes, 18 de julio de 2017

La legitimidad del 18 de julio: el cine y la guerra


«En los tiempos sombríos, ¿se cantará también?
También se cantará sobre los tiempos sombríos»
Bertolt Brecht

Es muy difícil, cuando no imposible, entender el presente sin entender el pasado. Este recurso al pasado suele interpretarse como un ejercicio de revanchismo o ajuste de cuentas, pero obviando esa reacción infantil, resulta imprescindible para entender la complejidad de la realidad contemporánea que solo puede ser explicada reconociendo la existencia de una multitud de factores no exentos de conflicto. No podemos interpretar la crisis del régimen español si no partimos de una lectura crítica del proceso que se popularizó como «La Transición», en tanto en cuanto fue en él donde se establecieron las bases sobre las que se asentaría el régimen. Del mismo modo, para entender el desarrollo y el resultado final de la Transición, debemos entender que ésta tuvo, a su vez, su propio pasado. Utilizamos como punto de partida la fecha del 18 de julio de 1936 porque entendemos que, aunque continuó con la tradición negra del absolutismo, puso fin a la posibilidad de un nuevo tiempo que se abrió con la Segunda República. Ésta pretendía superar de manera pacífica la anomalía de que en España no se hubiera producido una revolución democrático-burguesa. A su expresión pacífica debemos añadir su carácter estrictamente democrático y legal: su legitimidad de origen parte de la soberanía popular canalizada a través de unas elecciones. Su lucha por los valores de la Ilustración y por un liberalismo social reveló el carácter reaccionario de sus oponentes ante tan modesta amenaza.

Como ya sabemos, un cambio de régimen político-institucional no puede profundizarse ni mantenerse en el tiempo si no va acompañado de unas profundas reformas económicas. Aunque la República supuso unos avances en igualdad y en derechos sociales y civiles de los que todo demócrata debería considerarse heredero, no fue capaz de romper con las fuerzas materiales del viejo orden: la oligarquía, los terratenientes, la jerarquía eclesiástica y la casta militar. Esta falta de voluntad, o más bien de resolución, fue aprovechada por una oposición que como en el resto de Europa abrazaba el fascismo. La polarización entre quienes nunca asumieron la voluntad popular y decidieron derrumbar desde el primer momento el sistema democrático y entre quienes no estaban dispuestos a volver a viejas formas de dominación, hizo de la inestabilidad una seña de identidad de la República que se manifestaría en acontecimientos como la Revolución de Asturias de 1934. No por casualidad, los historiadores revisionistas marcan esta fecha como el inicio de la guerra civil en un ejercicio sesgado de reparto de culpas nada sutil.

El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 fue la evolución lógica de una oposición que no reconoció la legitimidad democrática desde el principio y no asumió los resultados del Frente Popular en las elecciones de febrero de ese mismo año. Hitler ya había tomado el poder en Alemania y Mussolini llevaba una década como Primer Ministro en Italia. La mera existencia de la Unión Soviética y el avance del movimiento comunista (que en España solo sería hegemónico dentro del movimiento obrero tras el Golpe de Estado) hizo que una parte importante de la derecha política y de las clases medias más asustadizas se echaran en brazos del nazi-fascismo frente a la «amenaza bolchevique». Sobre esta amenaza se sustentaría el discurso legitimador del franquismo durante 40 años, y también –de manera más disimulada– de cierta historiografía revisionista reciente al situar la contienda como un enfrentamiento entre fascistas, por un lado, y comunistas con la dictadura del proletariado bajo el brazo, por otro. Esta visión simplificadora es errónea. No se puede reducir el «bando» republicano como el bando de los comunistas, ya que en él se ubicaban todos aquellos que con independencia de su sensibilidad ideológica defendían la legalidad democrática emanada de las urnas. Pepe Díaz, a la sazón Secretario General del PCE, afirmaba que la única solución para la guerra era que España no fuera «ni fascista ni comunista» y que su respeto entre las masas obreras, los campesinos y la pequeña burguesía se debía a que eran «los defensores más firmes de la independencia nacional, de la libertad y de la Constitución republicana»[1]. No se puede reprochar a los comunistas que –tras abandonar las tesis sectarias de Bullejos– defendieran de manera unánime la democracia hasta convertirse en protagonistas principales, pero sí se puede reprochar al resto –liberales, conservadores, centristas, etc.– que no lo hicieran de manera tan coherente y abnegada.

Esta simplificación resulta incoherente con el apoyo masivo no solo nacional sino internacional por parte de intelectuales y personalidades de la cultura de distinta procedencia. Destaca el apoyo de la población norteamericana, por ejemplo, que ya situaba al antifascismo en el centro tanto del debate político como del escenario internacional. Incluso Hollywood se situó de parte de los republicanos produciendo películas como Bloqueo (William Dieterle, 1938), en la que el personaje encarnado por Henry Fonda acaba pidiendo el apoyo a la causa republicana. Sin embargo, el hecho de que los demócratas del mundo hicieran suya la causa antifascista no sirvió para que sus gobiernos hicieran lo propio. La política de no intervención supuso de facto un apoyo implícito a los golpistas, sin entrar siquiera en las relaciones comerciales que salen a la luz una vez que se escarba sobre la supuesta neutralidad. Para vergüenza de estos gobiernos (EE. UU., Gran Bretaña, Francia) la guerra civil dejó una de las grandes epopeyas del siglo XX: las Brigadas Internacionales.

Según los datos que maneja el historiador Eric Hobsbwan en diferentes obras, alrededor de 35.000 personas de distintos países y de distinto origen social, cultural, etc. vinieron a luchar contra el fascismo aun sabiendo las escasas posibilidades de salir con vida. De los 9.000 brigadistas franceses, más del 90% eran obreros. Intelectuales, periodistas, fotógrafos, obreros. Muchos de ellos murieron en un país que probablemente no sabían situar en el mapa, pero por una causa internacional que tan solo unos años más tarde se revelaría determinante para el futuro de la humanidad: el antifascismo. En efecto, la guerra civil española se situaba en los prolegómenos de una inevitable conflagración mundial que no tardaría en llegar. Esta fue una de las razones por las que los países «democráticos» no se alinearon primero con el bando republicano ni más tarde con los soviéticos hasta que el avance nazi-fascista lo hiciera inevitable, una vez que la Unión Soviética sufrió un desgaste importante tras frenar en solitario la «guerra relámpago» iniciada por las tropas hitlerianas. De nuevo el contexto geopolítico es determinante: los países democráticos, esto es, los países capitalistas-liberales, parecían temer más el avance de la «amenaza bolchevique», vista en cualquier gobierno de izquierdas susceptible de aliarse con la Unión Soviética, que del propio nazi-fascismo, un freno radical de ésta. Para la posteridad quedó la lección de dignidad que el pueblo español brindó al resto del mundo: mientras el nazi-fascismo entró en otros países como Pedro por su casa, aquí se encontró una resistencia tenaz de tres años que solo pudo ser doblegada con la ayuda de alemanes e italianos.

La visión hegemónica en el imaginario popular –no así en la historiografía seria– de la guerra como una lucha fratricida entre dos bandos enloquecidos se revela bastante generosa con los vencedores: se obvia el contexto, los orígenes y las causas. Cuando se analiza desde una perspectiva estrictamente moral se llega a la conclusión de que ambos bandos cometieron atrocidades –lo cual no dejar de ser cierto– por lo que ambos son igual de condenables. Se obvia que unos defendían la democracia y otros el fascismo, unos utilizaban la violencia como autodefensa y otros como la manera de imponer la dictadura tras fracasar electoralmente. Desde esa posición moralista habría que renunciar a todos y cada uno de los derechos sociales que todavía disfrutamos, ya que fueron conquistados a través de procesos violentos al constatarse como única vía una vez que los privilegiados negaron cualquier cauce democrático. Hablamos de derechos tan básicos como el sufragio universal o la jornada laboral de ocho horas. No es algo exclusivo de la historia del movimiento obrero. «La violencia es la partera de la historia», dejó escrito Marx.

El siguiente paso de la simplificación de la guerra como una disputa entre dos bandos igual de enloquecidos consiste en presentar la contienda como una lucha entre hermanos. Esto despoja de cualquier carácter político el conflicto, señalando que pertenecer a un bando o a otro era una mera cuestión de azar. Al despolitizarse se hace más digerible la versión de que en última instancia todos eran iguales. Se trataría de una lucha entre el equipo rojo y el equipo azul con el pueblo como víctima en el centro del campo. La película Katyn (AndrzejWajda, 2007), sirviéndose del catolicismo anticomunista polaco, representa en una escena este intento de equidistancia y de comparación entre ambos bandos, en este caso nazis y soviéticos: un grupo de polacos huye por un puente dejando atrás a los nazis, cuando de repente son advertidos de que por delante vienen los soviéticos, quedando atrapados entre ambos.

Uno de los consensos de la Transición fue el acuerdo oficioso de «punto y final» sobre la guerra civil, que no significa que no se pueda hablar de ella, sino que se deba hacer en determinados términos. Ir más allá sería «reabrir heridas». Apoyado en este consenso institucional, el cine ha sido el gran constructor de la narrativa hegemónica sobre la guerra civil. Tras más de 100 películas en las que se aborda el tema, en muchas de ellas de manera indirecta o a través de metáforas, sigue faltando la película definitiva que muestre sin ambages qué significó aquello. La mayoría opta por una posición equidistante que acaba llamando a la reconciliación nacional entendiéndola como la superación del trauma sin escarbar demasiado. El ejemplo paradigmático es La vaquilla (1985) de García Berlanga. Otras optan por la personalización que despolitiza el conflicto, como La mula (2013) de Michael Radford. Otras deciden apostar por una visión anticomunista sin complejos, como hacen Encontrarás dragones (RolandJoffé, 2011), Un Dios prohibido (Pablo Moreno, 2013) o Bajo un manto de estrellas (Óscar Parra, 2013). Mención aparte merece en esta lista Tierra y Libertad (Ken Loach, 1995), probablemente la película más famosa sobre la guerra dirigida paradójicamente por un británico. Desde una perspectiva trotskista-orwelliana narra el conflicto interno dentro del bando republicano acaecido en Cataluña, comprando el discurso franquista de que el PCE no era más que un tentáculo de Stalin.

La película más reciente hasta la fecha, Gernika (Koldo Serra, 2016), presenta una Euskadi bajo el dominio aterrador de las checas estalinistas, con unos republicanos al servicio de Moscú. No hay rastro del nacionalismo católico y conservador tan prominente ya entonces, tampoco del gobierno vasco, ni siquiera de franquistas reaccionarios. La situación de Gernika se presenta de tal manera que uno acaba viendo el bombardeo como un mal menor ante el control de unos soviéticos deshumanizados. Los únicos que acaban mostrando algo de compasión son… ¡Los propios alemanes!

Franco afirmó que estaba dispuesto a exterminar a todo el que no se sumara a la «Cruzada». El general Mola sintetizó la base del totalitarismo franquista como programa de «terror y aniquilación» con el objetivo de «eliminar sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros»[2]. El nacional-catolicismo fue la denominación particular del fascismo español. Se apoyó en los mismos sectores que vieron amenazados sus privilegios con la República. La Iglesia se erigió como el gran dispositivo de control social. Si las víctimas de la guerra se cuentan por cientos de miles, la cifra de represaliados –fusilamiento, cárcel o exilio en el mejor de los casos– desde el 1939 no se queda atrás.

Tuvo que venir en este caso un mexicano, Guillermo del Toro, para enseñarnos en El laberinto del fauno (2006) qué era un falangista. De nuevo una película extranjera se convirtió en la más famosa sobre los maquis. Sin embargo, cinco años antes Montxo Armendáriz dirigía la excelente Silencio roto, en la que podíamos ver el escepticismo de unos maquis poco menos que abandonados a su suerte tras la política de no intervención de los «aliados». La filmografía sobre los guerrilleros, tachados por el régimen de bandoleros, también opta en gran medida por la despolitización y los dramas personales. Y llegó el día de la venganza (Fred Zinnemann, 1964), Metralleta Stein (José Antonio de la Loma, 1975), Los días del pasado (Mario Camus, 1977), El corazón del bosque (Manuel Gutiérrez, 1979), Luna de lobos (Julio Sánchez, 1987), Huidos (1993, Sancho Gracia), El portero (Gonzalo Suárez, 2000) o El año del diluvio (Jaime Chávarri, 2004) narran historias en clave de aventuras dramáticas, pero no se profundiza en el contexto sociopolítico que obligó a miles de personas a tirarse al monte.

Tanto el cine de la guerra como el de posguerra (con la excepción casi única de la adaptación que Benito Zambrano hizo de La voz dormida en 2010) lejos de crear una identidad política basada en el antifascismo como base de la democracia en Europa, han apuntalado la visión simplista y generosa con los vencedores. Esta ausencia de identidad nacional democrática-antifascista fue representada de manera insultante en el desfile del 12 de octubre de 2004, al que el ministro de Defensa José Bono invitó a dos excombatientes que lucharon en los dos bandos enfrentados tanto en la Guerra Civil como posteriormente en la II Guerra Mundial: uno en la División Azul a las órdenes de Hitler y otro en la División Leclerc que acabaría liberando Francia del yugo nazi.

En 1947 Franco aprobó la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado convirtiendo España de nuevo en Reino y arrogándose la potestad de elegir a su sucesor a título de Rey cuando lo estimara oportuno. Años más tarde, el 22 de julio de 1969 a las seis y media de la tarde para ser exactos, pronunció un solemne discurso en el Palacio de las Cortes en el que designó a Juan Carlos de Borbón y Borbón como sucesor por, entre otros motivos, «las claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del Régimen». En palabras del dictador, esta decisión ayudaría a que «todo quede atado y bien atado para el futuro»[3]. A la mañana siguiente, Juan Carlos de Borbón y Borbón aceptó la designación jurando «lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino». A continuación pronunció un discurso que empezó con las siguientes palabras: «Quiero expresar, en primer lugar; que recibo de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936».

Este recorrido histórico no es un capricho ni un mero ajuste democrático de cuentas, lo cual no estaría de más, sino un ejercicio indispensable para entender el devenir de los acontecimientos posteriores. 40 años de dictadura inclinaron hacia un lado la «correlación de debilidades» y dejaron un poso que impregnaría transversalmente la sociedad hasta el punto de convertirse en el factor sin el cual no se podría entender lo que vino después: el miedo.

Ese miedo que acabaría vertebrando el comportamiento político de los españoles no solo durante la dictadura sino también una vez superado el proceso de Transición, fue el resultado del totalitarismo fascista que a veces se oculta debajo del término «franquismo». La Transición asumió la versión oficial del régimen según la cual el franquismo nunca fue una dictadura totalitaria sino un régimen autoritario. De la Guerra Civil como Cruzada se pasaba como por arte de magia al Estado católico, social y representativo en 1945. Más adelante, el propio desarrollo del régimen produciría una apertura cuya evolución natural culminaría en la democracia. Así, el Golpe de Estado fue un «mal menor» que trajo un régimen autoritario que a su vez funcionó como «mal necesario» antes del inevitable advenimiento de la democracia.

Esta versión tiene su origen en la teoría del sociólogo J. J. Linz, criado en familia, instituciones y ambientes culturales falangistas, que en 1950 marcharía a los Estados Unidos. Linz se sirvió de argumentos del Cuñadísimo Ramón Serrano Suñer, uno de los principales dirigentes en los primeros y más duros años de posguerra, reconocido germanófilo, quien negaría cualquier parecido con un Estado totalitario. Más tarde sus formulaciones serían traducidas al castellano y apadrinadas por Manuel Fraga Iribarne[4]. Su definición de autoritarismo no pasaría desapercibida en Estados Unidos, donde el Departamento de Estado la haría suya para legitimar el apoyo a innumerables dictaduras sangrientas como la de Pinochet en Chile. Bajo estos presupuestos, el franquismo no tenía una ideología totalizante ni presentaba una movilización política que abarcara todos los ámbitos de la sociedad. Quedaba así bien aseado para que la Transición sin ruptura ni depuración pudiera convertirse en un proceso modélico y el sistema resultante en una democracia homologable a las europeas. Sin embargo, el miedo de la población española no era casual, sino el fruto de un régimen totalitario que creía que poder y piedad eran incompatibles.




[1] Díaz, José. La pasión por la unidad. Discursos y artículos. 1935-1938(p. 242). (2002). Sevilla: Fundación de Investigaciones Marxistas.
[2] Preston, Paul. El holocausto español(p. 25). (2011). Barcelona: Debate.
[3]Grimaldos, Alfredo. Claves de la Transición. 1973-1986. (para adultos). De la muerte de Carrero Blanco al referéndum de la OTAN(pp. 23-27). (2013). Barcelona: Península.
[4] Morán, Gregorio. (2015). El precio de la transición (p. 113). Madrid: Ediciones Akal.

miércoles, 28 de junio de 2017

La Transición que murió de éxito


Los procesos históricos difícilmente pueden reducirse a una concatenación de hechos concretos y aislados que, con sus respectivas fechas, podrían sintetizarse en una cronología. Detrás de cada proceso existe una realidad poliédrica con una multitud de factores que a veces escapan a la vista. La política es una correlación de fuerzas con la disputa del poder como objetivo central que no se puede desligar de los ciclos estructurales económicos y geopolíticos de fondo. Si partimos de esta premisa los árboles no deberían impedir que veamos el bosque. En el relato hegemónico de la Transición, esos árboles son los grandes líderes políticos y el bosque factores determinantes como el contexto internacional o el conflicto social. Dicho relato fue la mentira sobre la que se asentó el régimen y el origen del déficit democrático sin el cual no se podría entender su actual crisis.

La Transición fue un proceso exitoso en tanto en cuanto «su espíritu» ha funcionado como el principal operador político en las últimas décadas. Fue el rito fundacional sobre el que descansó la legitimidad del régimen. Lo dijo El joven papa de Paolo Sorrentino: «Donde hay ritos reina el orden natural». Ese orden natural, en este caso, sería la legitimidad weberiana sobre la que se asientan un conjunto de tradiciones y leyes –unas escritas, otras no–. Lo resumió magistralmente Felipe González: «Con las cosas de comer no se juega». Es decir, hay cosas que no se pueden cuestionar. Sus protagonistas entienden que cuestionar la Transición es cuestionar sus biografías; y así es en cierto modo. Para los representantes del establishment, la Transición es como Dios para los cardenales.

El período convulso permitió que cada uno se hiciera una biografía a la carta. De ahí la importancia de un «pacto de olvido» sobre los 40 años de dictadura y el papel que cada uno de ellos desempeñó. La palabra estrella que definiría el espíritu de la Transición sería «consenso». Pero éste no fue el resultado de la altura de miras de unos estadistas que renunciaron a una parte de sus aspiraciones para conseguir conjuntamente una base mayor de apoyo. El llamado consenso fue el resultado de lo que Vázquez Montalbán definió como «correlación de debilidades», que se podría resumir en que los franquistas no tuvieron la capacidad para seguir mandando a la vieja usanza y los demócratas no tuvieron la capacidad de imponer la ruptura. No fue el resultado de la generosidad de unos grandes líderes, sino de una necesidad mutua. Los franquistas, que eran conscientes de que la apertura se tornaba inevitable, temían que el proceso se les fuera de las manos si no dejaban jugar a todos, y concretamente a los comunistas. Éstos, por su parte, temían quedar relegados a una eterna posición de marginalidad una vez muerto Franco.

El peaje que pagarían los primeros sería la inclusión de los segundos sin necesidad de cambiar sus históricas siglas por un nombre más «moderno» como unos años más tarde harían con la creación de Izquierda Unida o sus homólogos italianos con el Partido Democrático de la Izquierda. Esta concesión de Adolfo Suárez ante Santiago Carrillo le costaría un enfrentamiento con las élites franquistas, incluidas las que mudaron en «reformistas», entre ellas el Rey Juan Carlos I y Torcuato Fernández Miranda, uno de los estrategas más importantes de la Transición. Esta «autonomización» de Suárez respecto a los poderes fácticos que le auparon como Presidente le acabaría costando su carrera política, hundida por quienes aun con el cuerpo caliente se pelearon por su herencia reformista. Una de las tantas paradojas que dejaría un proceso tan complejo como contradictorio sería la defenestración de Suárez ejecutada por la derecha política, la banca y el Rey, al tiempo que Carrillo se convertía en uno de sus grandes defensores, llegando a afirmar que si era sustituido por Calvo Sotelo, el PCE le haría a éste «la vida imposible». No por casualidad, tan solo unos años más tarde el CDS utilizaría como lema el sugerente «Yo también tengo problemas con la banca». Las élites económicas pueden perdonar muchos defectos a un político, pero nunca la imprevisibilidad.

El precio que pagaron los comunistas por participar en el proceso no fue menor. Normalmente se reprocha por su poder simbólico la aceptación de la monarquía y los pactos de la Moncloa. Sin embargo, lo que desnortaría al PCE no sería tanto la aceptación en sí como el tacticismo con el que se pretendió legitimar la decisión. Se pasaba de la noche a la mañana de un discurso a otro sin debate alguno. La autonomización de Carrillo respecto al Comité Central se produjo años antes de que dijera públicamente que se pasaba sus acuerdos por el «arco del triunfo». De ahí en adelante se produjeron una serie de actos de cara a la galería que en realidad no escondían un debate ideológico profundo sino un fallido intento de legitimación de cara a una parte importante de la sociedad. Valga como ejemplo el anuncio de la propuesta de abandono del leninismo que Carrillo hizo en noviembre de 1977, sin previo debate, nada más y nada menos que en los Estados Unidos. Avanzado el proceso, el debate entre reforma y ruptura dejó de tener sentido al constatarse que la ruptura era inviable. El verdadero debate era cómo adaptar estrategia y discurso de la manera menos dañina posible a una situación que no se contemplaba en un principio. Ahí perdió el PCE la desigual carrera por liderar la oposición.

Resulta inevitable plantearse si la Transición se podría haber desarrollado de otra forma. En política siempre hay alternativas, pero nunca podemos olvidar que la correlación de fuerzas normalmente pesa más que la voluntad. La visión hegemónica oficialista que describe la Transición como un proceso modélico comparte con la visión hegemónica dentro de la llamada izquierda radical (según la cual unos dirigentes traidores  frenaron el advenimiento de la revolución socialista), una simplificación que acentúa el poder de los grandes líderes e infravalora el resto de factores: el contexto internacional, la conflictividad social, la correlación de fuerzas, etc. En cualquier caso, la derrota de las posiciones rupturistas no hizo sino confirmar el éxito de una Transición que se diseñó desde un primer momento precisamente para que dichas posiciones fueran derrotadas. Resulta difícil acotar el proceso de Transición: ¿se inició cuando Franco designó a Juan Carlos I como futuro sucesor? ¿Con el atentado a Carrero Blanco? ¿Con la muerte del dictador? No hay unanimidad sobre cuál es la fecha que mejor acotaría el proceso por su inicio, pero sí –desde una perspectiva crítica– que el objetivo primordial siempre fue neutralizar a los comunistas para garantizar que no se cuestionaran las bases económicas del régimen ni se produjera una depuración de los aparatos franquistas.

Cuentan que Franco corrigió a un diplomático estadounidense asombrado por la grandeza del Valle de los Caídos. Según el dictador, su verdadero monumento era la clase media. En efecto, el régimen no solo representaba los intereses de la oligarquía financiera y de los terratenientes, también de la clase media más conservadora que surgió al calor del «desarrollismo» económico de los sesenta y setenta. Lo resumió José Luis Arrese, Ministro de Vivienda: «Queremos un país de propietarios y no de proletarios», sentando las bases de la especulación inmobiliaria que acabaría conformando el capitalismo rentista «de amiguetes» que estallaría más tarde en 2008.
El Seat 127 y la eterna amenaza bolchevique garantizaron al franquismo una relativa estabilidad, desdibujada a posteriori por los relatos de quienes se acostaron franquistas y amanecieron demócratas con un asombroso currículum de lucha bajo el brazo. La esperanza de ascenso social creó una clase media advenediza que más tarde se intentó vender como «oposición silenciosa». De ese «prospera a costa de lo que haga falta» nacería lo que posteriormente se denominaría «franquismo sociológico», todavía presente en ciertos sectores de la sociedad. Un egoísmo y una complicidad con la corrupción que sigue siendo uno de los factores principales para entender el panorama político-electoral en determinados sitios.

La Transición dejó intactas las bases económicas del franquismo, de manera que quienes estaban satisfechos con el régimen franquista lo estuvieron después con el democrático[1]. Al presidente de un banco le preguntaron si la noche del 23-F pasó miedo, a lo que contestó que no, ya que él seguiría siendo el presidente del banco con independencia del resultado del golpe. «Con las cosas de comer no se juega», o lo que es lo mismo: «democracia pero sin pasarse de la raya». A pesar de que Carrillo logró imponer un discurso legitimador que vendía como una victoria lo que a todas luces era una derrota, algunos dirigentes como Julio Anguita no lo tenían tan claro. Lejos de una euforia impostada, el cordobés escribió en septiembre de 1977: «La libertad y la democracia tienen en la sociedad capitalista como límite el punto en que sea cuestionado peligrosamente su fundamento: la propiedad privada de los medios de producción»[2].

La Transición tampoco depuró los aparatos del régimen. En el plano político se ampliaron las posibilidades de acceso a las instituciones, pero en éstas permanecieron en un primer plano quienes cargaban sobre sus espaldas con violencia, represión y terrorismo. La división entre los del «búnker» y los «reformistas» fue una efectiva manera de maquillar a los segundos, pero la realidad es que todos ellos venían del mismo sitio: de Juan Carlos I a Suárez pasando por Fraga. Mejor suerte corrió –si cabe– la flor y nata de la judicatura y las fuerzas represivas, pasando incólume de la dictadura a la democracia como el que se levanta atrevido y cambia de look de un día para otro. La lista sería interminable, pero pocas personas representan mejor las carencias de la Transición que el torturador Antonio González Pacheco, apodado «Billy El Niño», en busca y captura por la justicia argentina, no así por la española. En un juicio al que fue llamado a declarar el 24 de abril de 1979, a cuatro años de la muerte de Franco y a dos de las primeras elecciones, dijo: «La Brigada Político-Social a la que pertenecí hasta 1977 no ha desaparecido. Sólo se le cambió el nombre»[3].

La Transición se podría resumir desde una óptica gramsciana como una «revolución pasiva». Las élites franquistas, conscientes de su vulnerabilidad, se vieron obligadas a asumir una serie de reformas democratizadoras y a integrar a una parte importante de la oposición en un proceso de «transformismo», sembrando la desmoralización dentro de las capas más concienciadas del antifranquismo. Lo resumió Arias Navarro –«el carnicero de Málaga»–, uno de los representantes del continuismo franquista que, sin embargo, era consciente de la encrucijada histórica: «O hacemos el cambio nosotros o nos lo hacen». Esa fue la dialéctica que asumieron los franquistas una vez que el contexto internacional, con el agravante que supuso la Revolución de los Claveles en Portugal, hizo del cambio algo inevitable para mantener, paradójicamente, algunos elementos claves del franquismo.
Una vez neutralizado el PCE, solo quedaba apadrinar una oposición nueva, moderna y respetable: el PSOE de Felipe González. Los franquistas se aseguraban de que nadie tiraría al niño con el agua sucia y los amigos norteamericanos y alemanes de que España sería un aliado estratégico y un socio económico en el proceso de integración europea. El «exitoso» golpe del 23 de febrero de 1981, descrito por la administración norteamericana como un asunto «exclusivamente interno», no hizo sino allanar la estrategia trazada por ésta, coincidiendo con la deriva beligerante de la política exterior propiciada por la victoria de Ronald Reagan. Tan solo seis meses antes, la CIA codirigía con éxito expedito el golpe de Estado en Turquía para asegurarse el control anticomunista de la región.

Suárez, al que Juan Carlos I y Torcuato Fernández Miranda intentaron utilizar como marioneta desde el primer momento, demostró una gallardía imprevista que le costó su defenestración. Era un político en cierta medida acomplejado por su origen falangista y por su escaso bagaje intelectual, lo que le llevó a tener una actitud menos servil con los poderes económicos tanto nacionales como internacionales. Su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo, diría más tarde que Suárez apuntaba «un cierto antiamericanismo» y que «corregir y precisar ese rumbo» fue uno de sus primeros propósitos como Presidente[4]. Los resultados del golpe fueron nítidos. España ingresó en la OTAN, el nuevo espíritu centralista frenó el desarrollo autonómico y trajo la LOAPA, se acabó por someter a la oposición –incluidos los dos sindicatos mayoritarios– que terminó firmando el Acuerdo Nacional de Empleo y se detuvieron las exhumaciones de fosas comunas. Como acabó reconociendo más tarde Suárez ante la periodista Victoria Prego, en las encuestas que manejaban la República era la opción predilecta por el pueblo español, doblando el apoyo de la monarquía[5].

Hasta el momento, la popularidad de Juan Carlos I era escasa y su legitimidad de origen procedía del 18 de julio de 1936 y de la designación por parte de Franco en 1969. Tras el 23-F, el Rey se convirtió en el «padre de la democracia» española. Resulta obvio pensar que la Casa Real supo de la jugada en todo momento. Resulta más complicado otorgar un grado de responsabilidad, pero declaraciones como las del jefe del CESID –Andrés Cassinello–  («es mejor no saberlo todo»), o del propio jefe de la Casa Real –Sabino Fernández Campos– («el que busca afanosamente la verdad, corre el riesgo de encontrarla») no hacen sino insinuar que el Rey jugó un papel importante en la sombra.

Una vez triturada la UCD, solo quedaba que la ley electoral, redactada por las Cortes franquistas para frenar a la izquierda como reconoce la mismísima FAES[6] (sobrerepresentando a las zonas rurales menos pobladas e infrarepresentando a las zonas industriales y urbanas más pobladas), hiciera de la alternancia bipartidista el sostén político del régimen durante 30 años. Las listas cerradas y bloqueadas hicieron las delicias de la «ley de hierro de la oligarquía» descrita por Robert Michels. Las circunscripciones provinciales ayudaron a que los aparatos de los partidos pudieran eliminar de un plumazo a sus miembros díscolos, facilitando el liderazgo de las élites partidistas en detrimento de las bases y originando un proceso de subordinación, dependencia y «cartelización» respecto del Estado. Los partidos renunciaron a su vocación de masas y se convirtieron en meras asociaciones, en órganos autónomos insertos en el propio Estado. Así, la política «stricto sensu» pilotó en torno a unos líderes cooptados, despojada de su capacidad transformadora al dejar fuera de juego a las masas. El «consenso» consistió en que los diferentes líderes se comprometieron a ejercer de catalizadores, apaciguando las demandas sociales y dirigiéndolas hacia un estrechísimo marco político-institucional viciado de antemano. El objetivo: la paz social. Cuando la oposición política y sindical quiso reaccionar a finales de los ochenta contra la deriva del gobierno de Felipe González, se encontró un desolado paisaje: aparte de la desmovilización social fruto tanto de la derrota sufrida en la Transición como de la estrategia institucionalista de los diferentes partidos, ya funcionaban como corsé y coartada los acuerdos supranacionales.

El «prospera y no mires cómo» siguió legitimando la corrupción política desde lo más mundano hasta los asuntos de alto copete. Parecía que a todos les iba bien. La policía del ministro Rodolfo Martín Villa, conocido como «la porra de la Transición», en 1976 detenía a jóvenes por llevar El País bien visible y en 1977 registraba la casa de Juan Luis Cebrián. Durante el atentado ultraderechista a la redacción del periódico que un año más tarde le costaría la vida a un trabajador, seguía siendo Ministro del Interior. Décadas más tarde, Martín Villa y Cebrián se convirtieron en Presidente y Director General de la misma sociedad a la que pertenece El País[7]. Sin embargo, la crisis económica rompió más tarde el relato del ascenso social de las clases medias, Juan Carlos I abdicó entre escándalo y escándalo, el bipartidismo como reparto simbólico de posiciones quebró y saltaron las costuras del encaje territorial del Estado. El intento de reconstrucción del espíritu del «consenso» desde los medios de comunicación tras la muerte de Suárez en 2014 fue un síntoma del nuevo tiempo que se abría.






[1] Morán, Gregorio. (2015). El precio de la transición (p. 242). Madrid: Ediciones Akal.
[2] Anguita González, Julio. (2011). Combates de este tiempo (p. 25). Córdoba: Editorial El Páramo.
[3] Sánchez, Mariano. (2010). La transición sangrienta. Una historia violenta del proceso democrático en España (1975-1983) (p. 77). Barcelona: Península.
[4] Grimaldos, Alfredo. (2006). La CIA en España. Espionaje, intrigas y políticas al servicio de Washington (p. 190). Barcelona: Debate.
[5] Garcés, Joan. (2012). Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles (p. 171). Madrid: Siglo XXI de Editores, S. A.
[6] Iglesias, Pablo & Monedero, Juan Carlos. (2011). ¡Que no nos representan! El debate sobre el sistema electoral español (p. 53). Madrid: Editorial Popular.
[7] Morán, Gregorio. (2014). El cura y los mandarines. Historia no oficial del bosque de los Letrados. Cultura y política en España. 1962-1996 (p. 573). Madrid: Ediciones Akal.

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