Artículo publicado el 11 de noviembre de 2017 en:
http://www.elindependientedegranada.es/politica/constitucion-78-ya-no-existe-proceso-constituyente-abajo
Las redes sociales
recogieron con indignación lo que identificaron como una nueva aplicación, en
otro ámbito, del artículo 155: la noticia de la intervención del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, y
asumiendo que el mensaje que se manda es similar, estamos ante una rigurosa
aplicación del artículo 135. No es cualquier cosa. Si fuéramos capaces de
resistir a un ajetreo mediático siempre subordinado al interés inmediato
podríamos elevar la mirada y ver el bosque en su plenitud. Conforme gana
terreno la retórica constitucionalista más se evidencia por la vía de los
hechos que la
Constitución ha muerto. Para ser más exactos, la han matado. Y no han sido
las clases populares empobrecidas por la crisis en un arrebato revolucionario
sino la oligarquía económica y las élites políticas que, paradójicamente, más
cómodas se sienten parapetándose detrás de la Constitución e imponiendo el
marco jurídico en los debates sobre la crisis de Estado. Ante esta realidad
caben principalmente tres opciones: 1)sumarnos a la reforma dirigida desde arriba hacía un Estado centralista y
autoritario en marcha desde hace años; 2) añorar un escenario precrisis que no volverá, quedándonos en la mera
denuncia o; 3) apostar por un
Proceso Constituyente que asuma las tareas históricas de España en clave
popular y democrática.
Los
orígenes de la ruptura del pacto social
El Tratado de
Maastricht materializó «el fin de las ideologías»: en el momento en el que
desapareció cualquier tipo de alternativa ya no era necesaria la integración de
determinadas capas sociales, en tanto en cuanto el peligro de la revolución
–por inofensivo que fuera– se desvaneció. Maastricht fue una cesión de soberanía y
sentó las bases para una Unión Europea de dos velocidades desvalijando el
tejido productivo de los países del sur. En 1996 Julio Anguita denunció la
ruptura del pacto social recogido en la Constitución: eran la oligarquía
económica y el bipartidismo servil quienes incumplían la legalidad, la
Constitución, el Estado social, democrático y de derecho. Eran ellos los que
incumplían lo que se definía de una manera un tanto simplista como «legalidad
burguesa» (como si en ella no se recogieran conquistas del movimiento obrero).
Un año más tarde, el 14 de enero de 1997 para ser más exactos, Anguita escribió
en un artículo para El
Mundo titulado Autistas: «Maastricht, sus
Criterios de Convergencia y el Pacto de Estabilidad no son sino un gigantesco
acto de planificación burocrática en el que como hecho incuestionable y
vertebrador de la Unión Europea aparece la constitucionalización del déficit».
El
proceso «deconstituyente»
En mayo de 2010 Zapatero obedece la orden
de Trichet, por entonces Presidente del Banco Central Europeo, y aprueba el mayor recorte social desde
1978. Un año más tarde se «constitucionaliza el déficit» a través del artículo
135 y España queda, de facto, intervenida por la Troika. La Constitución
formal, hoy en primera plana, queda insultantemente disuelta por la
Constitución material representada por el poder real que dirige el país: el
capital financiero internacional, el Banco Central Europeo, los bancos alemanes
y, luego, las élites económicas españolas que gobiernan al Gobierno. Más que
para una protesta tan legítima como previsible, este recorrido puede servir
para afinar el análisis y situar más correctamente el actual debate.
Desde 2010, mientras debatíamos si
reclamar la vuelta al pacto social roto o apostar por un proceso constituyente,
los poderes fácticos y el bipartidismo iniciaban su particular proceso
«deconstituyente». Eran plenamente conscientes de que ya estábamos en un nuevo
escenario y no se volvería atrás: iniciaron un proceso de cambio por arriba. El
15M fue una respuesta popular y la evidencia de que estábamos en un auténtico
momento de excepción. Mientras nosotros estábamos pensando en el color de las
paredes, la casa ya no estaba ahí. Pero esa es ya otra historia.
La
crisis de régimen
La Transición fue exitosa en tanto en
cuanto logró afianzar una serie de consensos que permitieron la estabilidad del
régimen durante casi cuatro décadas. La monarquía, el bipartidismo, la
esperanza de ascenso social de las llamadas clases medias, la integración de
las burguesías vasca y catalana… No de manera mecánica o determinista, pero la
crisis abrió una brecha sin la cual no se pueden entender ni los cinco millones
de votos a Unidos Podemos ni la ruptura del modelo territorial. Quienes
gobernaban ya no podían gobernar como antes y quienes eran gobernados no
querían ser gobernados como antes.
Durante todo el ciclo
de crisis la pugna real ha sido y sigue siendo entre restauración y ruptura democrática. Restauración no para
volver a una situación precrisis sino para dirigir una salida que cargue sobre
las espaldas de las clases populares los costes de una crisis que no han
provocado ellas y evitar cualquier avance democrático. Salvo que seamos capaces
de redirigir la «cuestión territorial» en otros parámetros, ésta puede ser la
coartada idónea para un cierre por arriba del bloque monárquico-restaurador que
–esto es seguro– iría más allá de la cuestión territorial: amenaza permanente
del 155 y del 135, reabsorción en clave centralista de las competencias
autonómicas, ley electoral con efectos mayoritarios, blindaje de las políticas
económicas de rescate del sector financiero…
Nostalgia
o Proceso Constituyente
Las constituciones son el resultado de
una correlación de fuerzas concreta e histórica. En la Transición, la oposición
democrática renunció a casi todo a cambio de un pacto social que garantizara,
aún con innumerables limitaciones, la integración lo más amplia posible de los
sectores populares. Esa correlación de fuerzas –o de debilidades– desde el
inicio de la crisis es distinta. Pedir una especie de regreso a un escenario
precrisis es como pedir el derecho de autodeterminación en abstracto: todos los
derechos sociales y democráticos aparte de ser el resultado de una correlación
de fuerzas determinada se ejercen en contextos históricos concretos. Si nos
quedamos en el simple lamento de la ruptura del pacto social quedaremos
paralizados, incapaces de dar respuestas.
El Proceso Constituyente es una
apuesta seria, justa y necesaria. Es el resultado de un análisis
riguroso y de una estrategia valiente: llevar la política de las instituciones
a los barrios populares y hacer partícipe al pueblo de su propio destino.
Precisamente por esto, debemos desarrollarla de manera cuidadosamente
pedagógica. Debe ser lo contrario de una propuesta maximalista, es decir de una
propuesta fruto de la desesperación política (ante la guerra de banderas, por
ejemplo). Para ello debemos romper el marco jurídico-constitucionalista en el
que el bloque monárquico-restaurador se siente especialmente cómodo situando al
«bloque del cambio» en el campo independentista o, de forma más general, en el
campo amenazante del statu quo constitucional. Expliquemos que han sido ellos
quienes se han cargado la Constitución y los consensos que de ésta derivaban,
no para quedarnos en una inocente defensa de una Constitución que ya no existe,
sino para legitimar un Proceso Constituyente que debe basarse en amplias
alianzas sociales y políticas.
Tengamos en cuenta
esta advertencia de Togliatti, ponente de la
avanzada Constitución italiana de 1948, en plena Asamblea Constituyente (Sesión
LVIII, 11 de marzo de 1947): «¿Por qué hacemos una Constitución nueva? Sólo si
podemos dar a los interrogantes que se plantean en este momento, no sólo a
nosotros, sino a todo el pueblo, una respuesta exacta y concreta, sólo entonces
conseguiremos dar una orientación justa a las soluciones de orden
constitucional, como a los que se refieren a las particulares y concretas
cuestiones que encontraremos en el transcurso de la discusión de todo el
proyecto». Apostar por
el Proceso Constituyente es impugnar el tablero político actual: no queremos que las
élites enfrenten a pueblos distintos con similares necesidades económicas y
sociales, pero tampoco queremos delegar nuestro destino en la capacidad más o
menos dialogante de esas mismas élites.
No hay comentarios :
Publicar un comentario
Comentar